Diálogo IberoamericanoNúm. 11-12 / spbre.-diciembre 1997. Pág. 15 |
Costa Rica promueve educación pacifista
Buscar soluciones a la violencia en todas sus manifestaciones es la gran tarea que tiene por delante la Universidad para la Paz, una institución internacional con sede en Costa Rica que impulsa la educación pacifista desde sus aulas.
Odalys Rivera (Diálogo-Universidad de Puerto Rico). / "Para evitar las
guerras y construir la paz hay que invertir desde la educación, no sólo para la
preparación de especialistas en técnicas de resolución pacíficas, sino para el
establecimiento de sociedades justas, sociedades respetuosas de los derechos
humanos", manifestó el doctor Francisco Barahona, rector de la Universidad para
la Paz, durante su reciente visita a la isla.
La entidad, establecida en
1978 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, combate
la exaltación del militarismo e impulsa una visión diferente en la solución de
los conflictos sociales.
A los alumnos se les instruye sobre "Técnicas
pacíficas para la prevención y resolución de conflictos", "Derechos humanos",
"Educación para la paz", "Ecología para la paz" y "Comunicación para la paz",
que son las concentraciones que conforman los cinco programas de maestría que
ofrece la universidad especializada en estudios graduados.
La entidad
costarricense no se limita al asunto militar sino que abarca todos los aspectos
que llevan al individuo a la violencia social. El programa de resolución
pacifista de conflictos, por ejemplo, orienta desde cómo los maestros pueden
resolver conflictos en sus aulas, hasta cómo negociar entre los diferentes
intereses de la sociedad civil y los conflictos de tipo internacional.
Los
programas de "Ecología para la paz" y "Comunicación para la paz", también
sobresalen por su amplio enfoque. El primero de estos estudia alternativas para
situaciones en las que la utilización de recursos naturales produce reacciones
violentas. En cambio, impulsa la construcción de relaciones armónicas entre el
ser humano y la naturaleza.
El programa de "Comunicación para la paz" orienta
a los periodistas a ejercer un periodismo responsable en la cobertura de hechos
violentos. El grado es prácticamente una vacuna contra el periodismo
amarillista.
La Universidad para la Paz también se ha involucrado en
trascendentales proyectos como la propuesta del Tratado de Estipulas, que inició
el proceso de pacificación centroamericana en el 1990. Esta iniciativa, según
Barahona, le permitió a la institución trabajar más allá de sus ofrecimientos de
postgrado.
Entre otros proyectos destaca uno relacionado con la violencia
juvenil en Belice. El proyecto facilitó que se firmara un acuerdo de respeto
mutuo, y la policía se comprometió a mejorar el trato hacia los jóvenes. El
gobierno, por su parte prometió establecer programas de apoyo social para ayudar
a los jóvenes a buscar empleo y facilitarles capital para el desarrollo de
pequeñas empresas. "La dinámica fue tan interesante que algunos de los policías
adoptaron a algunos de estos muchachos para ayudarlos en sus estudios. Hubo
lágrimas, hubo abrazos, hubo perdón", recordó.
La Universidad para la Paz
cuenta con 550 profesores asociados alrededor del mundo. Ubica en el último
bosque primario en el Valle Central de Costa Rica, a cinco kilómetros de San
José. La entidad, que opera con contribuciones voluntarias de varios gobiernos y
fundaciones benéficas, también impulsa sus ofrecimientos académicos en
universidades de otros países. De hecho, existe ya un acercamiento para
trasladar esta experiencia al Recinto de Río Piedras de la UPR.
Referencia: Universidad de la Paz. P.O. Box 138-6100 Ciudad Colón, San José, Costa Rica.
El principal responsable de que se respeten los derechos humanos es el Estado, por ello, la violación de los mismos constituye "un delito gubernamental". Lamentablemente no se ha definido quién debe ocuparse de este tipo de delincuencia, quién fiscaliza al Estado, advirtió el doctor Javier Zúñiga, director del Programa para las Américas del Secretariado de Amnistía Internacional, con sede en Londres.La violación de derechos humanos no se limita a Latinoamérica y países subdesarrollados
Sonia López (Gaceta-Universidad Nacional Autónoma de México). / Javier Zúñiga, director del Programa para las Américas del Secretariado de Amnistía Internacional, señaló en la conferencia Derechos Humanos en las Américas y en México que en algunos países desarrollados se practica la pena de muerte que, en muchas ocasiones, responde a intereses de carácter político y diversos estudios demuestran que se aplica primordialmente contra integrantes de grupos minoritarios y pobres; asimismo, destacó que el principal responsable de que se respeten los derechos humanos es el Estado.
Signos positivos en Latinoamérica
En los últimos años, en
Latinoamérica se han producido cambios positivos en la defensa de los derechos
humanos: la desaparición de dictaduras militares abiertas; la creación de
comisiones nacionales de derechos humanos de carácter gubernamental y las
defensorías del pueblo en países como México y Colombia.
Sin embargo, en la
actualidad, en el marco de un poder económico universal llamado
"neoliberalismo", se han ignorado los acuerdos de paz firmados por países
latinoamericanos que consagran a los derechos humanos y aceptan su fiscalización
por parte de la ONU. En vísperas del siglo XXI, presenciamos el resurgimiento de
grupos paramilitares y escuadrones de la muerte.
El desarrollo económico y la
competencia comercial se han vuelto prioritarios para los gobiernos
latinoamericanos, que a menudo se olvidan de hacer inversiones financieras y
humanas para mejorar sus sistemas de justicia.
Asimismo, en Latinoamérica el
ejército se ha retirado de los cargos gubernamentales pero no de la escena
política; sigue ejerciendo un poder real, por ejemplo, no hay esfuerzos serios
por eliminar el fuero militar en delitos constitutivos de violación de los
derechos humanos. Diversos gobiernos civiles latinoamericanos tienen la
tentación -por razones de gratificación pública- de acudir al ejército para
efectuar actos de seguridad pública.
Lo anterior puede considerarse como "el
error más grande que puede cometerse al respecto, ya que el ejército no está
entrenado ni capacitado para tener contacto con actos criminales, además, no se
ha definido quién los fiscalizaría en caso de abuso", concluyó el doctor
Zúñiga.