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El agarrar para la justicia en Bolivia
Texto y fotos por Mike Ceaser
Cuando Elvira Alvarez fue encarcelada en 1989, acusada injustamente, con cargos falsos de vender medicamentos vencidos, pasó siete meses en una cárcel de La Paz, Bolivia sin tener quien la ayude con los trámites necesarios para poder recuperar su libertad.
Elvira Alvarez en frente de la cárcel San Pedro
Hoy Alvarez pasa la mayor parte de su tiempo en las cárceles de La Paz, haciendo por los demás lo que en su momento nadie pudo hacer por ella: ayudar a acelerar los procesos legales en el lento y corrupto sistema judicial de Bolivia.
"Yo veo a los presos como personas, no como una amenaza," dice Alvarez, una mujer alta de cuarenta y cinco años, cuyas ropas oscuras contrastan con una cálida sonrisa.
Desde su infancia, Alvarez ha sido comprensiva con los más desposeídos. Pasó sus primeros años entre las plantaciones de arroz, cacao y azúcar de la hacienda de su padre, en la zona tropical de la Provincia de Franz Tamayo, al norte de La Paz.
Allí, hacia finales de los años cincuenta, su padre y los otros terratenientes aún trataban a sus empleados como esclavos. La reforma agraria de 1952 terminó con la esclavitud en Bolivia, sin embargo la hacienda de su padre continuó sin cambios debido a su ubicación remota y poco accesible. De esta forma, su padre continuó abusando de sus trabajadores y persiguiendo a aquellos que intentaban escapar.
Cuando Alvarez tenía seis años, vio cuando un trabajador era brutalmente golpeado por intentar escapar de la hacienda. "Había una gran puerta por la que yo podía ver lo que pasaba," recuerda Elvira. "Yo espiaba, y más tarde encontré la llave, con la que pude liberarlo."
Aun cuando fue perseguido por perros, el hombre logró escapar a algún lugar de la selva. Aunque nunca le dijo a su padre que ella ayudó a liberarlo, Alvarez se quejó ante él por los abusos cometidos a sus trabajadores; la respuesta que recibió fue que "los trabajadores se lo merecen y tienen que obedecerme."
Dos años después del incidente Alvarez fue a vivir con su abuelo a La Paz. Su padre todavía vive en la misma ciudad hoy en día, pero entre ellos no hay comunicación, excepto algún saludo ocasional, remarca Alvarez.
Compasión por los Más Desprotegidos
El acto de compasión de la pequeña niña fue una temprana revelación del carácter de la mujer adulta. "Siempre que una persona recibe malos tratos, trato de evitarlo. Es una reacción natural," dice Elvira.
En 1973 Alvarez y su madre se mudaron de La Paz a Santa Cruz, al este del país donde Alvarez conoció a Orlando, el que sería más tarde su esposo. Él trabajaba como mecánico y ella confeccionaba y vendía ropa.
El camino que llevó a Alvarez a trabajar en las prisiones de La Paz, comenzó en 1982 en las Yungas, una región semitropical de baja elevación al este de La Paz. Un viaje para vender ropa la llevó allí y pronto descubrió los problemas de salud que enfrentaban los trabajadores de las minas de oro. Los doctores cobraban a las humildes familias de los mineros aproximadamente 60 gramos de oro (el equivalente a varios meses de ingresos) para ayudar en un parto. Y si la familia no podía afrontar ese gasto, "entonces no había ningún tipo de asistencia en el parto", recuerda Alvarez, "y no todos podían pagar."
Ella y su marido tomaron un curso de primeros auxilios en La Paz y pronto comenzaron a proveer vacunas a los mineros. Más tarde se expandió el programa con la asistencia de una organización internacional llamada Pan Para el Mundo. Durante los siete años que siguieron la pareja estableció una red de 46 clínicas de asistencia sanitaria para proveer medicinas y tratamientos a bajo costo a los mineros y sus familias.
Los doctores locales enojados con la perdida de ganancias, acusaron a la pareja de vender ilegalmente medicamentos vencidos, y de organizar políticamente a los pobladores. "Porque nosotros estábamos comprometidos a ayudar a la gente, algunos doctores, preocupados por conservar sus ganancias, nos acusaron. Era una forma de expulsarnos del pueblo," acuerda Alvarez.
Encarcelados
Ambos fueron arrestados y prisioneros en Noviembre de 1989 en La Paz. Después del primer mes obtuvieron la libertad condicional, pero ello requería pagar una fianza y completar trámites burocráticos-algo que no podían hacer ya que no contaban con quien los ayudara desde fuera. Así fue como la pareja tuvo que permanecer en prisión por otros siete meses hasta que fue absuelta de todos los cargos y liberada.
Alvarez dejó la prisión con la convicción y determinación de ayudar a otras personas en las mismas circunstancias que a ella le había tocado vivir.
El sistema legal de Bolivia contempla varias formas de libertad bajo fianza, después de completar ciertos trámites burocráticos. Al igual que en los Estados Unidos, el costo de la fianza
depende de la gravedad del crimen cometido, y el juez puede denegar la libertad bajo fianza en los casos considerados más graves. El juez debe tomar la decisión inicial de mantener preso a un acusado o de liberarlo, según estime que las evidencias sean adecuadas para respaldar su decisión. Este proceso debería tomar un máximo de 20 días, pero en la práctica toma entre tres y cuatro meses, según Alvarez. Después de esto comienza el juicio y la sentencia; el proceso siempre es muy lento.
"A veces, para cuando un acusado recibe la sentencia, éste ya ha pasado más tiempo en prisión de lo que la condena estipula," aclara Alvarez.
Durante los primeros seis años Alvarez trabajó sola, ayudando a los prisioneros a llevar adelante sus procesos judiciales. Para mantenerse Alvarez vendía artesanías de porcelana hechas por los presos. Al principio solo ayudaba a aquellos convictos por robo, pero más tarde comenzó a ayudar también a los presos por crímenes más graves.
Pronto la voz se corrió entre los presos, y al ver que el trabajo de Alvarez daba resultados, ellos mismos recurrían a pedirle ayuda. En 1995 recibió la primer donación para apoyar su tarea, y el siguiente año la segunda, proveniente de Ashoka, para poder dedicarse a tiempo completo. Actualmente Alvarez recibe la ayuda de cuatro abogados.
Una de las tareas principales que realiza es la de informar a los jueces de las circunstancias especiales de los presos a los que asiste, que de otra forma quedarían perdidas en el sistema. Alvarez recuerda especialmente el caso de un hombre injustamente acusado de vender acciones de una mina, que no poseía. Quien lo acusó, publicó una noticia en el diario refiriéndose al caso; pero como el acusado vivía en una remota zona rural, no se enteró. Fue juzgado en ausencia, y escuchó por primera vez de la acusación cuando la policía fue a arrestarlo. "Tratamos varias veces de que este caso fuera revisado, pero como había pasado más de un año, legalmente no era posible reabrir la causa," cuenta Alvarez.
Un Tío hace de su Sobrino una "Mula"
Otro de los casos involucró a un niño de 16 años, cuyo tío lo llevó de viaje con la excusa de comprar equipos eléctricos. En el camino de regreso, el tío le dio al niño el paquete para que lo cargara. Cuando la policía los detuvo, encontró dentro del paquete ocho kilos de cocaína. Ambos fueron arrestados, pero después de un año en prisión, el niño fue absuelto y liberado.
"El niño sufría de depresión," recuerda Alvarez. "Siempre me decía: 'Sáqueme de aquí señora, me siento mal'."
En otros casos el problema está relacionado con los detalles del procedimiento, como por ejemplo no tener a nadie que ofrezca su propiedad o dinero como garantía para la fianza. También está el problema del papeleo: si bien en Bolivia se está pensando en cambiar a un sistema de juicio oral, parecido al que se utiliza en los Estados Unidos, hoy en día los juicios se llevan a cabo por escrito. Esto significa una gran cantidad de fotocopias, resoluciones, notificaciones y reportes; cada uno aumentando las posibilidades de retrasos y demoras. Alvarez ocupa gran parte del tiempo visitando las oficinas de los jueces para chequear que toda la papelería esté en orden y progresando.
"Si nadie aboga por ellos, sus causas no avanzan," dice Alvarez. "Algunos presos no conocen su propia sentencia ya que el día en que se lee la sentencia, solamente está presente el abogado."
Uno de las principales tareas de Alvarez es la de obtener la "libertad condicional", que les corresponde a los presos después de haber completado dos tercios de su condena. Pero este procedimiento también se puede prolongar varios meses. "Nunca he visto que a alguien se le otorgue la libertad condicional fácilmente," remarca ella.
Además de trabajar en cuatro prisiones de La Paz (dos para mujeres y dos para hombres), Alvarez también va a las oficinas de los jueces y a las cortes. Es un trabajo que debería hacerlo la defensoría. Pero los 18 defensores públicos tienen que hacerse cargo de entre 60 y 80 casos cada uno. "Ellos no hacen una defensa cabal o completa," dice Alvarez, y es una opinión compartida por varios presos, como Julio Akasaga, quien está convicto por cargos de terrorismo, y agrega "vienen aquí a justificar su sueldo, la gente no tiene confianza en ellos."
En las Cárceles Bolivianas También, el Dinero Manda
La corrupción del sistema legal se ve reflejado en los sobornos: Los guardias los reciben de las prostitutas, los traficantes de drogas y los turistas que entran a la prisión de San Pedro; y también los jueces aceptan sobornos de acusados con una buena posición económica. "Si no tienes dinero, nada se mueve," aclara Alvarez. El año pasado, Bolivia estaba entre los países más corruptos según Transparencia Internacional, si bien la situación había mejorado un poco respecto al año anterior. Transparencia Internacional es una organización alemana, que lleva a cabo estudios sobre los niveles de corrupción en diferentes países.
Un sábado de febrero por la mañana, Alvarez, como de costumbre hizo su visita a la prisión de San Pedro. La prisión en el centro de La Paz, es un gran edificio construido hace 130 años para 250 prisioneros, y que actualmente alberga 1.400 personas. En la capilla, los prisioneros se juntaron alrededor de Alvarez para preguntarle sobre sus casos y contarle sus propias historias.
"Yo sigo los casos, pero no soy quien juzga" dijo Alvarez a un hombre que decía ser acusado injustamente de acuchillar a alguien. Ella recomendó a otro preso asistir personalmente a las sesiones del juicio. "Creo que cuando el implicado está presente, el juez muestra más interés," explica Alvarez.
Los Inocentes al Lado de los Culpables
Alvarez también charla con los convictos sobre las condiciones de vida en la cárcel. Durante el tiempo que ella pasó en la cárcel, 60 mujeres dormían en estrechos catres, puestos unos contra otros en un pequeño dormitorio y la comida era "terrible." Durante el día las mujeres aprendían oficios o tareas, tales como hacer piezas de porcelana o tejidos. Si bien había en la prisión convictos por homicidios u otros delitos graves, Alvarez cuenta que el ambiente no era violento.
Si bien los reclusos de la prisión de San Pedro son afortunados con respecto a otros alojados en diferentes prisiones, ya que cuentan con la posibilidad de acceder a cursos universitarios y talleres de carpintería, a estos beneficios solo acceden un pequeño porcentaje de los 1.400 reclusos
"Las autoridades nunca proveyeron alternativas," dice Alvarez. "¿Cómo pueden evaluar la rehabilitación de las personas si no les están ofreciendo alternativas? Cada uno hace lo que puede."
(During her stay in the women's prison, Alvarez said, 60 women
slept on narrow cots pushed one against another in a dormitory, and the food was "terrible".
During the day inmates learned trades such as porcelain-making and weaving.
While there were murderers and others convicted of serious crimes inside,
Alvarez said the environment wasn't violent.)
Después de hablar durante casi una hora con unos 20 presos, Alvarez se sienta a hablar con Esteban Cokarico Colquehuanca, de 42 años, quien fue sentenciado a 15 años de prisión por actos de violencia. Los cargos se remontan a un incidente ocurrido en 1995 cuando un grupo de campesinos se enfrentó a la policía en una comunidad rural al norte de La Paz. Cokarico dice que fue incriminado bajo torturas, pero que él no estaba involucrado. Dice que fue acusado porque es un líder de su comunidad.
"Nosotros no teníamos quién se preocupara por nuestra salud o educación. A nosotros nos dejaron en el olvido", contaba Cokarico.
Alvarez cree en la inocencia del convicto. Pedirá la revisión del caso ya que aparentemente el abogado que le fue asignado a Cokarico no hizo un buen trabajo. Alvarez no quiso darle demasiadas esperanzas y el mismo Cokarico parecía resignado: "Aquí la justicia siempre estuvo contra los oprimidos," sentenció.
Evitando Confrontación, Alvarez Trabaja con los Jueces
Alvarez dice que cuando los prisioneros se acercan a ella, primero trata de saber cuáles son sus necesidades y si tienen apoyo de sus familias. Si cree que puede ayudar, entonces visita a los respectivos abogados y finalmente a los jueces, a quienes les explica las circunstancias especiales de cada caso y pide por su libertad condicional, la cual se ofrece a quienes todavía no tienen una sentencia firme. Alvarez también brinda a los presos apoyo emocional, y les recomienda que se comuniquen con sus familiares.
El trabajo del equipo de Alvarez es complementario con el de los defensores públicos que dedican su tiempo limitado a la defensa de los presos. El trabajo de Alvarez se concentra en los procedimientos legales de los juicios. Además, en tanto los defensores públicos tienen una relación de enfrentamiento con los jueces, ella trabaja junto a estos últimos. "Su empeño es tal, que muchos presos han salido en libertad provisional gracias a ella," comenta el Juez Mario Endora.
Alvarez cree que ser mujer le ha facilitado el trabajo que tiene que hacer conjuntamente con las autoridades de las prisiones, que en casi todos los casos la han apoyado en su labor. En los 9 años que lleva trabajando en las prisiones, Alvarez estima que ha ayudado a entre 500 y 600 reclusos a conseguir la libertad antes de lo que la hubiesen conseguido sin su ayuda; y de todos ellos solamente uno ha regresado a prisión. "Intentamos mostrar a los prisioneros respeto por su condición humana, creo que siempre merecen una segunda oportunidad."
La prisión Estigmatiza al Recluso y a su Familia
El año pasado, Alvarez comenzó un programa llamado "Nueva Vida", que enseña a los ex reclusos a hacer y vender artesanías, como una forma de reintegrarse nuevamente en la sociedad. Esto es una tarea difícil, ya que muchos de ellos son rechazados por sus familias, cuenta Alvarez. Al regresar con sus familias, algunos se convierten en una carga para esta.
La prisión "deja una marca de por vida a quien a pasado por ella," dice Alvarez.
Hasta ahora ha trabajado con Pastores Sociales, una organización de la Iglesia Católica. Pero quiere más libertad e independencia y está comenzando a formar su propia fundación, "Siglo 21," para dar asistencia legal a los prisioneros y ayudarlos a reinsertarse en la sociedad.
A Alvarez le gustaría que hubieran más cambios en las prisiones de Bolivia, incluyendo mejoras en la rehabilitación, más rapidez en la resolución de los casos y la separación de los niños y los adultos dentro de las prisiones. Cientos de niños viven extraoficialmente con sus padres en las prisiones, conviviendo en muchos casos con asesinos o violadores.
Alvarez también quisiera ampliar su tarea agregando un programa de prevención a su trabajo. "Me gustaría trabajar con gente joven, para prevenirlos, mostrándoles cuales son las consecuencias de los crímenes," finaliza Alvarez.
Necesidades:
A la Señora Alvarez le gustarían unas
computadoras, una con capacidad de uso al internet, y otras mas viejas
para usar en capacitaciones para trabajo de presos, y una impresora
también. Además, le falta a su programa New Life, el cual ayuda a los
presos volviendo a ingresar en la sociedad, equipo para el tejido y la
cerámica.
Contacto:
Elvira Alvarez
Correo Central
Casilla 7782
La Paz, Bolivia
Fax: (591-2)364131
Email: cdse@latinwide.com
Mike Ceaser es periodista viviendo en La Paz, Bolivia, donde trabaja
para el Bolivian Times y como escritor independiente.
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